LA VERDAD, UN NUEVO DERECHO
Las organizaciones de familiares de desaparecidos surgieron en las décadas de los setenta y los ochenta para "(...) tratar de hacerle frente al silencio y pasividad social que han provocado las desapariciones (...) proponiéndose como gran objetivo 'EL APARECIMIENTO CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS' Y 'EL JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES' (...)."
Un nuevo derecho surgió de estas demandas, el derecho a la verdad. En los procesos de transición a la democracia esto dio lugar a procesos de esclarecimiento de los hechos de violación de los derechos humanos en Argentina, Chile, El Salvador y, en otras circunstancia, Honduras. Así, se organizaron comisiones cuya misión fue la de legitimar la verdad sobre los desaparecidos, como en Argentina y Honduras, o sobre éstos y todo el conjunto de hechos violatorios de las normas de convivencia social y humana. Ya se han analizado, también, los avances en el campo de la tipificación del delito en los niveles internacional y nacional.
En términos políticos no hay tantos avances. El entusiasmo que suscitan los progresos jurídicos, muy lentos, muchísimo más lentos que la realidad cruel, dinámica y cambiante, se apaga cuando se posa la vista en los procesos de la verdad abiertos en los países del Cono Sur y en Guatemala y El Salvador, que culminaron -para desgracia y desafío de lo jurídico- en amnistías, puntos finales y obediencias debidas. Las formas jurídicas fueron puestas al servicio del mantenimiento del silencio y de la injusticia para los desaparecidos y sus familias en estos países.
En la presentación del informe del Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos de Honduras, se lee que "Los grandes países no son aquellos que no han tenido épocas oscuras y de barbarie, son los que pudieron examinarlas sin temores para así superarlas. Las verdaderas democracias son las que pueden examinarse a sí mismas. Las naciones con futuro son las que pueden, con valentía, enfrentar la verdad."
En consecuencia, dados los hechos y dados sus efectos, la reconstrucción de sociedades realmente democráticas en nuestro continente, en las que prevalezcan los ideales de justicia y libertad, exige como condiciones sine qua non el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos, la identificación y castigo de los culpables de éstas y de otras violaciones de los derechos humanos y la generación de mecanismos sociales que no permitan el surgimiento de los crímenes en el futuro. Esto, lamentablemente sigue siendo una asignatura pendiente para las sociedades latinoamericanas.
Predicar (y creer) en la posibilidad de construir un régimen justo y democrático sin resolver el conflicto moral y social que significa la existencia de miles de desaparecidos, es colocar a la sociedad en una situación de engaño que daña aún más profundamente su identidad. En tal régimen, son la violencia y los sentimientos de desconfianza en los mecanismos de convivencia y de justicia los que continúan prevaleciendo.
Las luchas de los familiares de los desaparecidos y las de las organizaciones de derechos humanos, cada vez más conscientes de la gravedad del fenómeno, se han encaminado a la inscripción social del mismo. Esto solo es posible mediante el no acatamiento del imperativo del silencio. El contravenirlo y el pretender crear un contraconsenso significó para ellas en el pasado someterse a la represión, en un esfuerzo encaminado a aislarles socialmente. Sus luchas desafiaron los enunciados del poder concretados en el marco de las leyes de impunidad, la censura y la condena emitida por determinados sectores sociales.
Sin embargo, éstas son la única respuesta social coherente capaz de posibilitar no sólo la recuperación emocional de los afectados, sino también la reparación social del daño, desde el momento en que actúan de cara a la verdad, exigiendo justicia y señalando a los culpables de la fractura social que se produjo a partir de la aplicación del terror.
(Y la verdad surge, contraviniendo los imperativos de silencio y de olvido, aún de los labios de los desaparecedores. "El fin nunca justifica los medios" sentenció el general Martín Balza a nombre del ejército argentino al reconocer por primera vez en la historia la participación institucional de éste en las desapariciones de miles de ciudadanos de ese país. Esto sucedió después del terremoto provocado por las confesiones de Adolfo Scilingo y Víctor Ibáñez sobre la forma en que desaparecieron prisioneros echándolos al mar. "Si no logramos elaborar el duelo y cerrar las heridas no tendremos futuro, no debemos negar más el horror vivido y así poder pensar en nuestra vida como sociedad hacia adelante, superando la pena y el sufrimiento" dijo Balza. La culpa, sin embargo, para ser coherente consigo mismo y leal con sus subordinados, la dejó en el impreciso "...inconsciente colectivo de la Nación toda (...)."
